¿Se viene una marcha atrás?

Ya al cierre del año cabe preguntarse cuánto más se ha avanzado en materia de descentralización.
Hay voces que expresan su desencanto de los esfuerzos gubernativos por avanzar en este asunto, aún desde quienes son sus públicos colaboradores.
 Fue en el gabinete Lerner, y nada menos que en boca del primer ministro, que todavía se escuchaba la voluntad de avanzar en la descentralización incursionando en el difícil camino de la regionalización.
Pero pronto se hizo el silencio y en los gabinetes sucesores parece que el tema ha quedado prohibido.
 Ya decíamos en un SCOPIO de octubre que la descentralización tenía también sus enemigos, quienes la criticaban especialmente por la forma en que se había hecho.
Pero ahora pareciera que no es sólo un problema de forma y que más bien en el fondo la idea ya no les gusta tanto.
 Uno de los más graves peligros de una descentralización es generar la sensación de que con ella no se gana nada nuevo.
Aún más, en varias de las actuales “regiones” (que son los departamentos de siempre) hay quienes señalan que, si en algo se ha avanzado, es en las evidencias de la corrupción.
En otros casos es la ineficiencia.
Incluso se llega a afirmar que los conflictos sociales –especialmente por la minería- serían menores si no hubieran estado de por medio algunos gobiernos regionales.
 Hacer afirmaciones categóricas sobre estos asuntos es poco recomendable.
Nadie podría demostrar que “estábamos mejor” con las CORDE o las CTAR que con los actuales gobiernos regionales. ¿Qué elementos habría para afirmar algo así? En este asunto no hay lugar para las ucronías. Lo que sí debiera recordarse es cuánto tiempo –cuantas décadas- y con qué pasión se reclamaba que era injusto que todas las decisiones se tomaran en Lima, aún sobre asuntos bastante sencillos.
Aún hoy mismo no faltan –especialmente desde los propios gobiernos regionales- quienes claman por una mayor “autonomía” y responsabilizan a esta presunta carencia como causa para la mediocridad de sus gestiones.
 Pareciera que las actuales administraciones regionales (departamentales) enfrentan dificultades en dos aspectos fundamentales: la planificación y las capacidades profesionales.
Por la deficiencia e incomprensión con que se aborda el primero, pocas veces se tiene claro lo que se quiere conseguir y por ello mismo se interrumpe lo que debiera continuarse.
Por la escasez del segundo, los elegidos no son siempre los mejores (esa es una responsabilidad de los electores) y los equipos de gobierno no están adecuadamente escogidos.
Resultado: una gestión deficiente y con pobres resultados. Estamos transponiendo la mitad del tercer período de gobiernos regionales elegidos por el pueblo. Ojalá fuera posible hacer un sereno balance de lo logrado en cada lugar.
La etapa de la transferencia de funciones y proyectos ha concluido, prácticamente, en todos los sectores descentralizables. ¿Cómo nos va? En honor a la verdad, el Ministerio de Educación es quien mayores esfuerzos ha realizado para que la descentralización apure su ritmo, aunque se haya estrellado con la indiferencia del gobierno nacional en varios casos (la falta de la Ley de Organización y Funciones es una de ellas), además del tamaño y la complejidad del sector como otro factor adverso, así como algunos propios errores que ojalá no le compliquen más la vida. Siempre que, de pronto, no haya la decisión suprema de recentralizarlo todo.