La agenda para el desarrollo integral de las comunidades altoandinas a mediano plazo, de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), comprende tres objetivos: fortalecer la institucionalidad de la población y superar los conflictos existentes por la propiedad territorial; movilizar la organización territorial comunal para mejorar la competitividad; e, implementar una nueva educación rural productiva, empresarial e innovadora, que revalore los principios de sana competencia, solidaridad y reciprocidad.
A nivel económico, se propuso la capitalización de las comunidades a través de recursos públicos que financien la incorporación de tecnologías adaptativas como riego tecnificado a bajo costo, semillas mejoradas, mejoramiento genético, transformación de productos agropecuarios, artesanías, agricultura orgánica, entre otros. Asimismo, se insta a ampliar la cobertura de Agrobanco con fondos de contrapartida en la banca privada.
En relación a la asignación de recursos de los gobiernos locales y regionales, éstos deben incluir necesidades de las comunidades en Planes de Desarrollo, en la priorización de proyectos de los Presupuestos Participativos y en las actividades de servicio. Al mismo tiempo, se debe invertir en incrementar la productividad en las diferentes actividades, incluyendo la agricultura y ganadería, potenciando la comercialización y el acceso a mercados regionales y nacionales.
Igualmente, se recomendó promover inmediatamente la Zonificación Económica y Ecológica y los planes de Ordenamiento Territorial, así como invertir en infraestructura de riego, mantenimiento de reservorios, caminos rurales, carreteras que permitan el traslado permanente de productos y la instalación de internet de banda ancha.
En el plano ambiental, se hace énfasis en la declaración de intangibilidad de las cabeceras de cuencas hidrográficas para proteger el recurso y garantizar su disponibilidad para la actividad agropecuaria, conservando el medio ambiente.
Igualmente, impulsar el tratamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo la conservación y fortalecimiento de los suelos, el manejo más eficiente del agua y la protección de la biodiversidad.
A nivel social, se necesita la implementación de una educación de calidad que incluya los valores de los pueblos, el saber tradicional y que se encuentre relacionada a la actividad productiva de cada localidad. Además, se debe mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos de saneamiento.
En cuanto a las instituciones, el Estado debe garantizar la seguridad jurídica del territorio de las comunidades, culminando el saneamiento físico legal de la propiedad de todos los territorios, la actualización del padrón y el registro de mandato de sus autoridades, realizando la incorporación al Catastro Rural y derogando todas las normas que se opongan a la Ley de titulación del territorio comunal. Igualmente, se demanda la implementación inmediata de la Consulta Previa para los casos individuales y colectivos que afecten los derechos de la población.
Concretamente, también se solicita el funcionamiento inmediato del INDEPA como ente rector y responsable de políticas públicas nacionales para las comunidades campesinas y nativas, con facultades y pliegos presupuestales propios, además de la instalación de oficinas de atención en las municipalidades y la creación de Fondos de Desarrollo Regional como entidades de captación de capital para el financiamiento de proyectos de investigación, validación y difusión de tecnologías agropecuarias, desarrollo de capacidades y especialización de actividades económicas.
De acuerdo con el informe, se demanda la realización del Censo Nacional Agropecuario, el cual deberá incluir explícita y diferenciadamente a las comunidades campesinas, para que sea funcional al diseño de alternativas para su desarrollo a corto y mediano plazo. De forma similar, se solicita el impulso de la Ley de los Pueblos Originarios, en cual desarrollará los derechos reconocidos por las Naciones Unidas a los pueblos indígenas, incorporando los que ya se han logrado a través de las actuales Leyes de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.
Finalmente, se recomienda la promoción de la cultura de la no violencia y la resolución de conflictos a través del diálogo que permita superar los enfrentamientos que se vienen desarrollando entre la población y algunas municipalidades, fortaleciendo los mecanismos comunales de seguridad y justicia. Además, se demanda el cumplimiento inmediato del programa de reparaciones para los afectados por la violencia y el apoyo al mantenimiento de los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales y la demanda de actividades de apoyo para la capacitación y participación más continua de representantes comunales y de la sociedad civil.(agraria)
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