Con la finalidad de hacer un análisis del ingreso de productos o insumos plaguicidas a nuestro país, la asociación CropLife Perú presentó el proyecto “Evaluación del riesgo al operario”, el cual busca aplicar un único y más severo sistema de registro de los plaguicidas que ingresan a nuestro país y de sus implicancias sanitarias, tanto en el uso por parte de los agricultores como en la calidad de las cosechas a las que se le aplican.
El proyecto, que ha sido trabajado en conjunto con la Dirección General de Salud (DIGESA), la Dirección de Asuntos Ambientales (DGA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentarias (SENASA) del ministerio de Agricultura, busca hacer un análisis de lo que está haciendo la autoridad en salud para evaluar el riesgo de los agricultores peruanos que aplican plaguicidas en sus cosechas.
El Director Ejecutivo de CropLife Perú, Ing. Manuel Arturo Cueva dijo que se han encontrado puntos de mejora que nos pondrían al nivel de otros países más adelantados. “Un sistema de registro asegura la salud y el medio ambiente.
Si mejoramos el proceso de registro, nos beneficiamos todos”, afirmó.
Cueva dijo que este sistema de registro asegurará que los productos sean de calidad y no dañinos para la salud de los peruanos, principalmente de los agricultores, que no dejen residuos tóxicos y que no dañen el medio ambiente.
“Lo que queremos con este proyecto es mejorar el sistema de evaluación del riesgo al trabajador, es decir cómo aplica el plaguicida, cómo se protege, con qué equipo lo aplica, cómo se protege en los cultivos, etc.
Queremos mejorar esta evaluación de riesgo”, puntualizó.
La evaluación de registro del producto contempla buscar dosis, momentos de aplicación y equipos para aplicarla, así como equipos de protección para el agricultor.
Al final, toda esta información se va a normar en las etiquetas de cada producto y en paralelo las empresas desarrollarán capacitaciones para el uso seguro de los plaguicidas.
Actualmente el Perú se rige bajo la Norma Andina, sin embargo, como explica en Director Ejecutivo de CLP, el gobierno ha instituido un sistema que permite a los importadores y agricultores ingresar productos sin ninguna evaluación de riesgo a la salud y el medio ambiente en apenas 15 días.






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